Sentencia A. 2683/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2683/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA-Procesos en los cuales, según las pautas de ponderación, los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena no se satisfacen

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 2683 DE 2023

 

Ref.: CJU - 4641

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 05 Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento y el Cabildo Indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín.

Magistrada sustanciadora:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

 

Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

 

AUTO

I.      ANTECEDENTES

 

1.                 El 20 de octubre de 2022[1], la Fiscalía General de la Nación acusó al señor Bernardo Alonso Vélez Gómez por el presunto delito de homicidio[2] (artículos 103 y numeral 20 del artículo 58 del Código Penal). Lo anterior, con base en los siguientes hechos. El 13 de junio de 2022, el señor Carlos Alberto Martínez[3] intentó apoderarse de un espejo retrovisor de un carro en la vía pública de la plazuela de San Ignacio del centro de Medellín. Por esta razón, el señor Vélez Gómez, propietario del vehículo, reaccionó y lo atacó con un arma cortopunzante cerca del cuello y lo golpeó en varias ocasiones. Aunque el señor Martínez fue auxiliado e ingresó a la Clínica Soma, falleció debido a las heridas. El señor Vélez huyó del lugar en el mismo vehículo.

 

2.                 Surtidas algunas actuaciones procesales, el 28 de febrero de 2023, la Fiscalía 98 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito presentó el preacuerdo celebrado con el acusado ante el Juzgado 05 Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento[4]. Antes de la audiencia de legalización del preacuerdo, el 24 de julio de 2023[5], el señor Fidel Buesaquillo Chicunque, gobernador del Cabildo indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín, solicitó que el caso fuera trasladado a la Jurisdicción Especial Indígena (JEI). Para sustentar lo anterior, argumentó que los hechos ocurrieron dentro de su territorio, que cuentan con sanciones para el delito de homicidio y se refirió al señor Vélez como indígena. Resaltó que “el sindicado recibirá 60 azotes, luego se hace un intervalo de 72 horas, nuevamente recibirá 60 azotes, luego pasa a la autoridad competente para el respectivo juzgamiento de acuerdo a usos y costumbres de cada comunidad étnica y región”[6]. Además, destacó que seguirían la investigación, teniendo como insumo el proceso adelantado en la Jurisdicción Ordinaria, para establecer la gravedad de los hechos y la sanción. Así, teniendo en cuenta los artículos 7 y 246 de la Constitución, exigió que el proceso fuera trasladado a sus autoridades.

 

3.       El 28 de agosto de 2023[7], se celebró la audiencia de legalización del preacuerdo. En esta, se le dio traslado de la petición gobernador del Cabildo indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín a las partes. La Fiscalía 98 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito[8], la defensa del acusado[9], la representante de las víctimas[10] y el Ministerio Público[11] se opusieron a la petición al no configurarse los elementos del fuero indígena. El juez penal, primero, resaltó que en dos oportunidades solicitó información al Ministerio del Interior para conocer si el señor Vélez pertenecía a la comunidad indígena[12], no obstante, no recibió ninguna respuesta. Segundo, decidió no acceder a la petición ya que consideró que es el competente para continuar con la investigación[13]. Esto, porque (i) los hechos ocurrieron en la plaza de San Ignacio de Medellín – es decir, dentro territorio de la sociedad mayoritaria –, (ii) la víctima de los hechos no es indígena ni hace parte de ninguna comunidad indígena y (iii) la defensa del acusado no conocía de la petición realizada por el gobernador, por lo que existen dudas de la legalidad del documento presentado. De esta manera, remitió el expediente a la Corte Constitucional para que decidiera sobre el conflicto entre jurisdicciones.

 

4.                 El 29 de agosto de 2023, el expediente fue radicado ante la Corte Constitucional y repartido al despacho sustanciador el 8 de septiembre del mismo año.

 

5.                 El 25 de septiembre de 2023[14], la magistrada sustanciadora profirió auto de pruebas, en el que requirió al gobernador indígena[15] y a la Oficina de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior[16] para que, en el caso concreto, profundizaran sobre la concurrencia de los elementos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la configuración de los elementos de la JEI.

 

6.                 Dentro del término concedido por el despacho sustanciador, según el informe enviado por la Secretaría de esta Corporación, ninguna de las partes envió respuesta a las preguntas realizadas.

 

II.   CONSIDERACIONES

 

1.                                                                                                             Competencia de la Corte Constitucional

 

7.                 La Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para conocer y dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 241 de la Carta Política^[17], modificado por el Artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

2.     Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

8.                 Este Tribunal ha determinado que los conflictos de jurisdicciones existen cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).”^[18]

 

9.                  Asimismo, mediante el Auto 155 de 2019, la Sala Plena determinó que se requieren de tres presupuestos para que se configure el conflicto de jurisdicciones: (i) el presupuesto subjetivo, exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones; (ii) el presupuesto objetivo, determina que debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional; (iii) el presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.

 

10.             En ese orden de ideas y previo planteamiento de las consideraciones a las que haya lugar para resolver el presente asunto, procederá la Corte a verificar, de acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, el cumplimiento de los presupuestos anteriormente descritos.

 

10.1.      Sobre el presupuesto subjetivo: la Corte lo encuentra satisfecho toda vez que el conflicto se suscita entre el Juzgado 05 Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento (autoridad de la Jurisdicción Ordinaria Penal) y el Cabildo Indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín (autoridad de la JEI) y que reclamaron su competencia para conocer del proceso penal.

 

10.2.      Sobre el presupuesto objetivo: se entiende superado en tanto se constata la existencia del proceso penal seguido en contra de Bernardo Alonso Vélez Gómez por el presunto delito de homicidio.

 

10.3.      Sobre el presupuesto normativo: verifica la Corte su configuración toda vez que ambas autoridades judiciales expusieron las razones de índole legal y jurisprudencial para negar su competencia en el presente caso. De un lado, el Juzgado 05 Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento fundamentó la competencia de la Jurisdicción Ordinaria en los elementos del fuero indígena. Si bien no citó algún fundamento legal, sí mencionó expresamente que no se configuraban los elementos territorial ni el objetivo. En vista de lo anterior, y con el fin de dar prelación a la administración de justicia, como lo ha hecho en otros casos[19], la Sala Plena considera que sí se configuró el elemento normativo por parte del juez penal. De otro lado, el Cabildo Indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín sustentó su jurisdicción en los artículos 7 y 246 de la Constitución. 

 

11.             Superado el anterior análisis para verificar la materialización de un conflicto de esta naturaleza, la Corte procederá a dirimir la colisión suscitada entre las jurisdicciones que la propusieron. Para ello, primero, se hará referencia sobre el fuero penal indígena y la competencia de la JEI y, a continuación, se resolverá el caso concreto.

 

3.     El fuero penal indígena y la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena. Reiteración jurisprudencial[20].

 

12.             Según el artículo 246 de la Constitución, las autoridades indígenas pueden ejercer su propia jurisdicción, dentro de su ámbito territorial, conforme a su propia cosmogonía y creencias, en el marco de las disposiciones legales del ordenamiento colombiano^[21]. De manera que la JEI es una figura fundamental en un Estado pluralista, con efectos normativos directos, que se basa en la autonomía de los pueblos indígenas^[22].

 

13.             La jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado el fuero indígena y la JEI ya que, aunque “son complementarios, su alcance y significado no es el mismo”^[23]. Esto se debe a que, por un lado, el fuero indígena^[24] es un derecho de las personas que reclaman una identidad étnica indígena a ser juzgadas por sus sistemas de regulación^[25], con el fin de “proteger la conciencia étnica del individuo y garantizar la vigencia de un derecho penal culpabilista”^[26]. Por el otro lado, la JEI se manifiesta como una garantía de la autonomía institucional indígena^[27], en tanto que se convierte en un mecanismo de preservación étnica y cultural que conserva las normas, costumbres, valores e instituciones de los grupos indígenas dentro del territorio que habitan, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico predominante^[28]. Es decir, se trata de un derecho autónomo de las comunidades indígenas que también tiene carácter fundamental^[29].

 

14.             Ahora bien, para que se estructure el fuero indígena o dimensión individual se han establecido dos criterios fundamentales[30]: (i) el factor personal y (i) el elemento territorial. Mientras que para la activación de la JEI^[31] se requiere, además, la acreditación del (iii) factor objetivo y (iv) elemento institucional. Estos cuatro elementos deben ser evaluados cuidadosamente por el juez, para determinar si las autoridades indígenas deben o no adelantar un proceso. En seguida, se hará una descripción de cada uno.

 

15.             El elemento personal supone evaluar que el “acusado” de un hecho punible pertenece a una comunidad indígena^[32]. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, al evaluar este criterio, ha optado por verificar la identidad cultural real del sujeto, con el fin de determinar su pertenencia a una determinada comunidad^[33], más allá de los censos o instrumentos oficiales. Razón por la que resulta fundamental acreditar (i) la propia consciencia del sujeto frente a su pertenencia al grupo étnico y (ii) el reconocimiento de la misma comunidad^[34].

 

16.             El elemento territorial presupone que el juez evalúe el lugar geográfico de los hechos antijurídicos o socialmente nocivos objetos de la investigación, ya que, en principio, una comunidad indígena solo puede juzgar aquellos que ocurran dentro del ámbito territorial del resguardo^[35]. Esto es así, por cuanto a que, según el artículo 246 superior, las autoridades indígenas únicamente están autorizadas para ejercer sus funciones jurisdiccionales dentro de su territorio^[36]. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha determinado que este elemento debe ser interpretado en un sentido estricto y en un sentido amplio.

 

17.             Partiendo de una perspectiva estricta, el territorio es únicamente el espacio físico en el que se ubican los resguardos indígenas. Desde una interpretación amplia, el territorio es “un concepto que trasciende el ámbito geográfico de una comunidad indígena. La Constitución ha considerado que el territorio de la comunidad indígena es el ámbito donde se desenvuelve su cultura”^[37]. Razón por la que, eventualmente, el asunto podría “remitirse a las autoridades indígenas por razones culturales”^[38], así el hecho haya ocurrido por fuera de los linderos geográficos del territorio colectivo^[39].

 

18.             El elemento objetivo[40] hace referencia a la naturaleza del bien jurídico afectado por la conducta objeto de investigación, con el fin de determinar sobre quién recae el interés de judicialización de la conducta^[41]. Este estudio debe hacerse caso a caso para establecer si, dadas las circunstancias concretas, la afectación de los bienes jurídicos tutelados “interesan a la sociedad mayoritaria, a la comunidad indígena, o a ambas”[42]. Si existe una concurrencia de intereses y el bien jurídico afectado concierne tanto a la comunidad indígena del sujeto activo de la conducta, como a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo “no determina una solución específica”[43].

 

19.             En caso de que la conducta revista de una especial nocividad para la sociedad mayoritaria, “la decisión no puede ser la exclusión definitiva de la [JEI]. Es necesario efectuar un análisis más detallado sobre la vigencia del factor institucional”[44]. Esto con el fin de que la remisión a la JEI no implique un escenario de impunidad o desprotección de las víctimas. Sobre lo anterior, el Auto 751 de 2021, advirtió que:

 

“En todo caso, al margen de la relevancia que debe asignarse al factor institucional, el elemento objetivo cuenta con un peso importante en la toma de decisiones, pues aun cuando determinada conducta se considere muy gravosa para la sociedad mayoritaria, el juez que resuelve el conflicto no puede ignorar la cosmovisión que un pueblo étnico tiene en relación con las conductas delictivas presuntamente realizadas”.

 

20.             Por esta razón, cuando las autoridades indígenas reclamen la competencia para conocer de un asunto deben mostrar ante el juez cuál es su entendimiento respecto de la nocividad de los hechos investigados, con el fin de evaluar la especial relación que pueda tener el asunto con la cosmovisión de la comunidad[45]. Esto, en la medida que el ejercicio de la competencia de las autoridades indígenas tiene un carácter dispositivo.

 

21.             El elemento institucional se refiere a que exista “un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados”^[46]. Por lo que protege el derecho autonómico de las comunidades indígenas que tiene un carácter fundamental^[47]. Al respecto, la comunidad o grupo étnico debe manifestar su interés por conocer el asunto, como una forma de demostrar su voluntad para adelantar el proceso. 

 

22.             Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional^[48], resulta proporcionado y razonable que las autoridades indígenas prueben el factor institucional, con el fin de que el juez pueda evaluar (i) las autoridades tradicionales y procedimientos establecidos para tramitar el caso ante la JEI, (ii) las faltas y sanciones aplicables y (iii) la protección de los derechos de las víctimas. En caso de ser necesario, la Corte Constitucional también se encuentra facultada para decretar pruebas de oficio con el fin de definir la existencia de una estructura orgánica capaz de llevar a cabo la investigación y el juzgamiento, en el marco del debido proceso.

 

23.             De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha ofrecido este conjunto de reglas dirigidas a que la decisión adoptada por la autoridad judicial se realice de manera ponderada y razonable, según las circunstancias de cada caso, al analizar los distintos elementos que activan la JEI[49]. De forma que el incumplimiento de uno o varios de los factores no implique la atribución automática de la resolución del caso a la jurisdicción ordinaria. Esto se debe a que los criterios expuestos deben ser evaluados de manera conjunta y ponderada, sin que ningún elemento prime sobre los demás. Esto es así, en cuanto a que la decisión debe estar mediada por un análisis que tome en consideración el debido proceso del investigado, los derechos de las víctimas, el pluralismo jurídico, la diversidad étnica y la maximización de la autonomía indígena[50].

 

III.                       CASO CONCRETO

 

La Sala Plena constata que en el presente caso:

 

24.             Se presentó un conflicto entre una autoridad de la Jurisdicción Ordinaria Penal (el Juzgado 05 Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento) y otra de la JEI (el Cabildo Indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín) de acuerdo con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, analizados en el fundamento jurídico 10 de esta providencia.

 

25.             Según las consideraciones de esta providencia, se estudiarán los elementos personal, territorial, objetivo e institucional en el caso concreto con el fin de dirimir el conflicto entre jurisdicciones.

 

26.             Sobre el elemento personal, la Sala considera que se encuentra acreditado la pertenencia del señor Bernardo Alonso Vélez Gómez a la comunidad indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín. Esto se debe a que en la comunicación radicada por el gobernador indígena se refirió al señor Vélez como “indígena”[51], dando a entender su pertenencia a la comunidad. El juez penal afirmó que tenía dudas sobre el documento presentado por el gobernador indígena, debido a que la defensa del procesado no lo conocía, lo cierto es que esta Corporación le ha dado prelación es a la propia consciencia del sujeto frente a su pertenencia al grupo étnico al reconocimiento de la misma comunidad^[52]. Por esta razón, encuentra acreditado el elemento personal.

 

27.             En relación al elemento territorial, esta Corte considera que no se cumple. Esto se debe a que, de acuerdo con los elementos probatorios, los hechos investigados ocurrieron fuera de los límites geográficos del Cabildo Indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín. Esto se debe a que, según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la vía pública de la plazuela de San Ignacio del centro de Medellín. Es decir, en un espacio ocupado por la sociedad mayoritaria, sin que existan elementos probatorios que evidencien el despliegue de la cultura indígena. Aunque el gobernador afirmó que los hechos ocurrieron dentro de su territorio[53], lo cierto es que no aportó ningún tipo de evidencia que respaldara su afirmación. Además, en el término probatorio otorgado por el despacho sustanciador, no respondió a las preguntas realizadas sobre el elemento territorial. Tampoco existe información en internet ni en las páginas oficiales de las entidades públicas que proporcionen algún tipo de información sobre el Cabildo Indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín. Por estas razones, y teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en la vía pública de la ciudad de Medellín, esta Sala tendrá por no acreditado el elemento territorial.

 

28.             Respecto del elemento objetivo, la Sala considera que no determina una solución específica, ya que los bienes jurídicamente tutelados interesan tanto a la sociedad mayoritaria como a la comunidad indígena. De acuerdo con el documento remitido, el gobernador indígena resaltó una serie de sanciones para el delito de homicidio, reconociendo con ello que la vida es un bien jurídicamente relevante dentro de la comunidad. Por su parte, el delito investigado por la Jurisdicción Ordinaria Penal es homicidio con situación de agravación (artículos 103 y numeral 20 del artículo 58 del Código Penal). Este delito, según el Auto 1102 de 2023 de esta Corte, resulta especialmente gravoso para la sociedad mayoritaria, por lo que la Sala debe “efectuar un análisis más detallado sobre la vigencia del factor institucional para asegurarse de que la remisión a la [JEI] no derive en impunidad o en una situación de desprotección para la víctima”[54].

 

29.             Por último, esta Sala no encontró acreditado el elemento institucional para el caso en concreto. La Corte reconoce la petición del gobernador indígena como una primera muestra de institucionalidad de la comunidad indígena, además de que el gobernador destacó que seguirían la investigación, teniendo como insumo el proceso adelantado en la Jurisdicción Ordinaria. También, resalta las sanciones expuestas por el gobernador indígena: “el sindicado recibirá 60 azotes, luego se hace un intervalo de 72 horas, nuevamente recibirá 60 azotes, luego pasa a la autoridad competente para el respectivo juzgamiento de acuerdo a usos y costumbres de cada comunidad étnica y región”^[55] como una manifestación de su institucional.

                                                                    

30.             Sin perjuicio de lo anterior, la Sala Plena no considera acreditado el factor institucional debido a dos razones principales. Primero, según el escrito de acusación, la víctima del delito es el señor Carlos Alberto Martínez. Se trataba de un señor que, debido a su condición económica y física, era habitante de la calle, se hallaba en circunstancias de debilidad manifiesta^[56] y, como lo resaltó la representante de las víctimas y el juez penal, no hacía parte de ninguna comunidad indígena. Si bien hay sanciones al delito de homicidio, no hay ningún tipo de evidencia que demuestre en qué medida se protegen los intereses de las víctimas no indígenas dentro del proceso.

 

31.             Segundo, en el auto de pruebas el despacho sustanciador solicitó al gobernador indígena explicar la estructura de administración de justicia dentro de la comunidad. Sin embargo, en el término otorgado la Sala no obtuvo ningún tipo de respuesta. Por esta razón, no fue posible verificar cómo está conformado el órgano o autoridad encargada de investigar, juzgar y sancionar a los miembros de la comunidad indígena, el procedimiento propio que se lleva a cabo para la investigación y juzgamiento de las conductas delictivas, de qué manera se ejerce la defensa de los miembros ni la forma en que se protege el debido proceso del investigado. En este medida, la Corte no cuenta con los elementos probatorios suficientes para tener por acreditado el elemento institucional.

 

32.             A partir de un análisis ponderado de los cuatros factores de competencia de la JEI para el caso concreto, la Corte concluye que el CJU-4641 debe mantenerse en la justicia ordinaria. Concretamente, la Sala Plena encuentra que, en el presente caso, solo está acreditado el elemento personal. Las conductas investigadas ocurrieron fuera los límites geográficos del Cabildo Indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín, por lo que no se superó el elemento territorial. Por su parte, el elemento objetivo, aunque no determinó una solución específica ya que se trata de bienes jurídicos protegidos por ambas sociedades, se trata de una conducta de alta nocividad para la sociedad mayoritaria. Y sobre esto última, la comunidad no demostró un andamiaje institucional lo suficientemente robusto para investigar, juzgar y sancionar el delito de homicidio, especialmente donde la víctima no hace parte de la comunidad ni existen los elementos para proteger el debido proceso del investigado.

 

33.             En ese orden, la Sala Plena dirime el presente conflicto de jurisdicción en el sentido de determinar que la Jurisdicción Ordinaria Penal es la competente para conocer del proceso penal seguido contra el señor Bernardo Alonso Vélez Gómez por el delito de homicidio. Por lo tanto, la Corte Constitucional ordenará remitir el CJU-4641 al Juzgado 05 Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.

 

IV.                        DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO - DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado 05 Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento y el Cabildo Indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín, en el sentido de DECLARAR que su conocimiento corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Penal.

 

SEGUNDO - Por medio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-4641 al Juzgado 05 Penal del Circuito de Medellín con Funciones de Conocimiento, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a las partes, al Cabildo Indígena Camsa "Coincanumbera" de Medellín, y a los demás interesados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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